RICARDO TORRES ORIGEL EN SALVATIERRA
IV INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
SABADO 6 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00 HORAS EXPLANADA DEL CARMEN.
zona centro.
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Frente a la problemática de inseguridad que se vive en México, una de las estrategias propuestas por el Presidente Calderón con el aval de los gobernadores de todo el país radica en una reforma Constitucional, enviada ya al Senado para su discusión y análisis, que plantea el establecimiento de lo que se ha dado en llamar: "mando único policial estatal", esto es, entre otras cosas, que el Gobernador en cada estado de la República, a propuesta de los alcaldes, sea quien nombre al titular de la policía en cada municipio y tenga el mando en todos los municipios de su estado, constituyéndose también la policía estatal. El espíritu de la propuesta es unificar no sólo el mando, sino también la certificación de los cuerpos policiales, homologar salarios y prestaciones, tener policías capacitados, establecer estándares objetivos de calidad en el servicio de seguridad pública entre otros elementos y las que logren certificarse seguirán en sus municipios, los que no, serían suplidos por una policía estatal.
Actualmente, representan aproximadamente el 38% del estado de fuerza del país. Sólo 12 de los 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios y más de 400 municipios en el país no cuentan con un cuerpo de seguridad pública propio, mientras que casi el 90% de los que sí tienen policía, disponen de menos de 100 elementos. Las 25 corporaciones más importantes concentran el 26% del estado de fuerza. Los municipios, a efecto de mejorar el desempeño de la función de seguridad pública que les está encomendada, reciben considerables recursos federales a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. Tan sólo para el año 2010, los recursos destinados a seguridad pública en los municipios ascendieron a 13,918 millones de pesos.
A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales municipales, los resultados no han sido los esperados. Entre 1994 y 2009, los delitos del fuero común representaron entre el 92 y el 95 por ciento de la incidencia delictiva nacional. Entre 2005 y 2009, se ha observado un incremento constante en la comisión de estos delitos.
Del conjunto de los delitos del fuero común, el robo, en todas sus modalidades, es el delito de mayor incidencia y, por lo tanto, el que representa el mayor problema e impacto en la seguridad de los ciudadanos. Según las encuestas de victimización, este delito representa cerca del 80% del total de los delitos que se cometen a nivel nacional, y el 40% de los que son denunciados ante el Ministerio Público. Existen alrededor de 2,000 instituciones de policías municipales, las cuales, cuentan con procedimientos muy variados y difusos, así como con acentuadas disparidades estructurales, presupuestales y de equipamiento. Este desequilibrio policial se verifica en aspectos tales como: la tasa policial y cobertura; recursos materiales; ingresos y prestaciones sociales; procesos de reclutamiento y selección, de formación y escalafón. Lo anterior, ha tenido como consecuencia patentes diferencias en la calidad del desempeño de la función policial, dificultando el cumplimiento coordinado de la misma, a pesar del esfuerzo desplegado con los lineamientos derivados de la reforma constitucional de 2008.
Se presenta un gran rezago en términos de capacitación. Alrededor del 80% de las academias de formación de policías preventivos que existen en el país fueron fundadas después de 1980, gracias a esfuerzos aislados que resultaron en programas de estudio carentes de criterios homologados a nivel nacional, en términos de perfiles, funciones y jerarquías. Por otra parte, el nivel educativo de los policías municipales no corresponde a las funciones que desarrolla ni cumple con los estándares mínimos de profesionalización de la función policial: 2% de los efectivos municipales son analfabetas o carecen de instrucción, mientras que 68.3% sólo cuentan con educación básica.
Aproximadamente 61% de los policías municipales perciben un salario mensual inferior a 4,000 pesos, cantidad que resulta insuficiente para sostener una calidad de vida aceptable. Ser policía en México significa tener un empleo pésimamente remunerado, altamente riesgoso y con un estigma social sumamente negativo; por lo que se ha convertido en una actividad secundaria que se abandona en cuanto surge una mejor opción laboral. La incapacidad de vislumbrar un futuro para aquellos hombres y mujeres con vocación de servicio que optan por la carrera policial es evidente, por lo que no debe extrañar esta gran rotación de personal policial en las corporaciones.
En fin, la sociedad reclama soluciones al problema de la inseguridad pública con el objeto de vivir sin temor a sufrir algún menoscabo en su integridad personal o en su patrimonio a manos de la delincuencia. Es nuestra convicción que el Estado cumplir con el deber de garantizar la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio y demás derechos de los gobernados. Por eso, tenemos que ser creativos y revisaremos con todo cuidado la iniciativa que nos plantean los gobernadores a través del Presidente de la Nación, haremos los ajustes necesarios previa consulta a los ediles y a los ciudadanos, pero necesitamos también, en contra parte, el establecimiento de mejores mecanismos de transparencia por parte de los Gobiernos estatales, no queremos incrementar el poder que algunos ejercen en sus estados, sino que podamos obligarnos a tener un proceso transparente de certificación policial, con todo lo que esto implique, incluido el elevar la calidad y el nivel de vida de los policías que dignifique su trabajo, recupere la confianza ciudadana y que se cumpla con la Ley: el bien a tutelar es la seguridad de todos y no podemos escatimar esfuerzos, ese es el ReTO que tenemos, hagámoslo juntos.
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